El pasado 24 de diciembre, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) le regaló a los colombianos un proyecto de resolución con varias normas que, en caso de llegar a expedirse, serían herramientas de censura a los operadores de televisión abierta.
La primera perla es la obligación de elaborar y publicar un “código de ética”, dizque para respetar al televidente y los fines y principios del servicio de televisión. Esta imposición —además de anodina— violaría la providencia del Consejo de Estado que en julio de 2014 decretó la suspensión provisional de una norma de la desaparecida Comisión Nacional de Televisión que obligaba a los operadores a expedir un “código de autorregulación”. Bajo otro ropaje, la CRC ahora pretende lo mismo. Así, la entidad en la práctica estaría reproduciendo una norma suspendida, lo cual podría tener consecuencias penales y disciplinarias.
Pretende el proyecto que, antes de iniciar cada programa de televisión, su contenido se catalogue en una determinada modalidad, lo cual es un atropello a la libertad de información. La CRC quiere una televisión llena de símbolos e iconos como si el televidente fuera un incapaz y no pudiera ejercer cuando quiera el derecho inalienable a cambiar de canal o de pantalla.
Además de los protuberantes vicios jurídicos del proyecto de resolución de la CRC, hay que lamentar que se pretenda llenar de cargas a los operadores de televisión con el propósito de “proteger” a las audiencias. Mientras se escriben kilométricos documentos para justificarlo, los menores de edad están expuestos a los nocivos efectos de las redes sociales, y el odio y la mentira son el caldo de cultivo de la opinión y la información a través de esas plataformas. Nada efectivo se está haciendo al respecto.
Las funciones que ejerce la CRC en materia de contenidos en televisión abierta son una evidencia de los muchos desaciertos de la Ley 1978 de 2019. El próximo Congreso de la República tiene la inaplazable tarea de expedir un marco normativo que enfrente las complejas realidades del mundo digital. En muchos aspectos, la regulación y la institucionalidad del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones se quedaron ancladas en el siglo pasado.
Juan Carlos Gómez Jaramillo
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